Hace nada nos informaban de que el Instituto Cervantes (sólo el Instituto Cervantes) vería aumentar su presupuesto un 0,4% el año que viene, hasta pasar de 103 millones de euros. Esto es lo que dijo entonces el diputado del PP José María Lasalle:

El portavoz del PP en la comisión, José María Lasalle, ha felicitado a Caffarel por el incremento del presupuesto del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues si hubiera estado “al abrigo” del departamento de Cultura tendría “menos dotación”. “Ha conseguido algo importante y aplaudimos su gestión”, ha añadido Lasalle quien ha reiterado que el PP no comparte que el Instituto Cervantes pertenezca a Exteriores. En este sentido, Carmen Caffarel ha señalado que “siente” que el Cervantes depende de tres ministerios, Cultura, Exteriores y Educación, con los que trabaja “día a día”.

Al margen de que pertenezca a uno u otro ministerio, hay que felicitarse de la dotación de presupuestos para la cultura y, en este caso, para las lenguas. La RAE, por ejemplo, recibe de los presupuestos del Estado más de 4 millones de euros al año más otro medio millón más aportado por cada una de las Comunidades Autónomas, sin incluir actividades patrocinadas o subvencionadas de diferentes maneras.

Todos estos gastos no son objeto, como vemos, de preguntas en el Parlamento por parte del PP, ni de airadas acusaciones de despilfarro, ni, por supuesto, de intentos de recorte. Sin embargo, el mismo PP (que se supone que dicen lo mismo en Madrid, Zaragoza, Barcelona o Murcia, se supone, digo), hoy, y antes de que ni siquiera se debata el anteproyecto de ley de lenguas, ha preguntado en las Cortes por el gasto económico que supondrá la “política lingüística” en Aragón. Y si lo preguntan, como ya vimos, no es porque crean que será poco, sino porque quieren que la defensa de los derechos humanos de los aragoneses que tienen otra lengua materna distinta del castellano sea a coste 0.

Precisamente esta semana un juez daba con la clave de todo esto, la inutilidad de las lenguas. Decía el señor juez de Alcorcón que educar en gallego “es inútil”. Y tenía razón. Para ese juez, que, por supuesto, no habla gallego, hablar gallego es inútil, porque no conseguirá entender a quienes lo hablan (y no hablo del idioma, sino de las personas). Herederos de aquellos que iban y van por Europa hablando español a gritos “porque en todas partes te entienden”. Son incapaces de ponerse en la piel del otro, del que habla otra lengua. Del que no habla sólo su lengua. Así que el PP, que alaba el aumento del gasto público para el Cervantes, para la RAE y para la difusión del español por el mundo (cosa loable, por otra parte), quiere que la protección de las lenguas de Aragón, y sobre todo, de sus hablantes, sea a coste 0. Es decir, que no se respeten ni los derechos humanos, ni lingüísticos, ni siquiera la Constitución española, el Estatuto o la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Para ellos es inútil hablar aragonés o catalán en Aragón. Ellos no lo hablan, y nunca nos entenderán.

Y como me ha propuesto @moncasidealvear en Twitter, recomiendo, además, el artículo de Manuel Rivas sobre el ínclito juez de Alcorcón.

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El diccionario de dudas de la Real Academia de la Lengua Española dice:

Gerona. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Cataluña cuyo nombre en catalán es Girona. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo catalán como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano. El gentilicio, para todo tipo de textos, incluidos los oficiales, es gerundense.

Es por eso que se usa Gerona en los textos de muchos medios de comunicación, como por ejemplo, Aragón Televisión.

También dice el mismo diccionario de dudas:

Birmania. Aunque la denominación oficial de este país asiático ha adoptado la forma vernácula Myanmar, sigue siendo mayoritario y preferible en español el uso del topónimo tradicional Birmania, al menos en los textos de carácter no oficial. En estos últimos se recomienda recordar la denominación tradicional, junto con el nuevo nombre oficial. El gentilicio es birmano, que deriva del nombre tradicional y designa también la etnia mayoritaria de este país, así como su lengua oficial: «El Gobierno birmano dice que no tiene planes de liberar a la líder opositora» (País [Esp.] 20.6.03)

Es por eso que en los textos de muchos medios de comunicación, como por ejemplo Aragón Televisión se usa, sorprendentemente, Myanmar.

Por un lado, es curioso que la RAE imponga diferente fuerza coercitiva en Girona que en Myanmar, siendo los dos los únicos nombres oficiales y habiendo dos soluciones tradicionales en castellano, Gerona y Birmania. Digo que es diferente, porque en Girona dice que “debe emplearse” y en Myanmar “es mayoritario y preferible”.

Por otro, que haya medios que ante una misma decisión de la RAE (y poniéndola como excusa) empleen raseros distintos a la hora de elegir la terminología “tradicional” y la “oficial”, no deja de constituir un curioso caso de “indecisión” de cariz ¿político?. ¿O es que es más respetable la denominación oficial de un país que se encuentra a miles de kilómetros del nuestro que el de pueblos y ciudades que se encuentran a escasos kilómetros como Lleida, Almacelles, o Girona?

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