Aprovechando el día de la Inmaculada Constitución el Delegado del Gobierno español en Aragón, Javier Fernández, ha hecho unas declaraciones a favor de la Ley de Memoria Histórica. Dice Fernández que:

Soy partidario del recuerdo y de que se conozca el pasado. Todos tienen derecho a saber el paradero de los restos mortales de sus seres queridos desaparecidos en la Guerra Civil o durante la post guerra.

El delegado recordó que la Ley de la memoria histórica, que entró en vigor el 26 de diciembre del pasado año, “reconoce y amplía derechos, y establece medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Resulta cuando menos curioso el alegato de este funcionario público cuando él mismo olvida la historia cuando permite actos fascistas en la ciudad o sus alrededores, y niega derechos, precisamente, a los herederos de la tradición de libertad y democracia que yacen enterrados en fosas comunes y cunetas asesinados por los partidarios de las cadenas.

Es él el que equipara a los fascistas y a los demócratas. Es él el que desprestigia la memoria histórica. Pero hoy, celebrando la Constitución Española queda bien hablar de memoria y de libertad. Cuando decidió el otro día igualar a los asesinos y a sus víctimas, al parecer, ni la libertad, ni la memoria, ni por supuesto la democracia.

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